Quizás algunos de vosotros aún no os hayáis enterado de qué va todo esto de la reordenación del sector público andaluz y de por qué se están extendiendo las protestas de los trabajadores del mismo. Lo primero que quiero aclarar es que no se trata solo de defender los derechos de los trabajadores que comúnmente denominamos funcionarios. Este tema nos afecta a todos los ciudadanos en nuestra relación con la administración.
En los últimos años, la Junta de Andalucía ha venido creando centenares de empresas públicas a las que ha ido transfiriendo el ejercicio de potestades públicas. Con este sistema conseguía eludir la aplicación de la legislación administrativa que establece controles en la gestión del dinero público, en la contratación administrativa y en la selección del personal. En estas empresas la Junta ha llegado a colocar a más de 25.000 personas directamente, sin someterse a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad establecidos para el acceso a los empleos públicos.
Ahora, cuando los tribunales han comenzado a cuestionar este sistema, la Junta se ha lanzado en una huida hacia adelante. Para ello ha aprobado la reordenación del sector público, como ellos lo llaman, mediante el decreto-ley 5/2010. En este decreto se establece, entre otros cambios, que las nuevas agencias que conformarán la "administración paralela" se regirán por el derecho privado o, a veces, por el derecho administrativo, "según su particular gestión empresarial lo requiera". Sí, así es. La administración paralela que crea la Junta de Andalucía se regirá por derecho administrativo o privado según le convenga, y su criterio de gestión será el empresarial, no el de servicio al interés general. Además, otra consecuencia será la legitimación de una enorme cantidad de empleo clientelar que la Junta ha ido generando en las empresas públicas con el anterior modelo de instrumentalidad. Podéis entender mejor la situación que tenemos por delante con este texto escrito por un alto funcionario de la propia Junta que se mantiene en el anonimato pero explica muy claramente todo el proceso.
Ante todo ello, la actuación de los que se autoproclaman sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, no puede ser más vergonzosa para con los derechos de los trabajadores del sector público y de todos los potenciales ciudadanos que perderán la oportunidad de acceder a un empleo público que estará copado por el personal "enchufado". Así, el pasado 29 de octubre, representantes de estos sindicatos firmaban con la Junta de Andalucía un acuerdo que, con pocos cambios y la misma filosofía, ratificaba los planes del gobierno andaluz. La escena de estos señores saliendo por la puerta de atrás mientras decenas de funcionarios protestaban por el acuerdo y por la falsa representatividad de estos sindicatos y de sus dirigentes lo dice prácticamente todo.
Termino con las palabras del funcionario que escribió el texto que os enlazaba antes, de pseudónimo Max Estrella: "este asunto atañe a la ciudadanía del mismo modo que a los empleados públicos. El modelo de Administración Pública al que conduce esta reordenación no es beneficioso para el bolsillo del contribuyente ni para los derechos y libertades de los ciudadanos. Evitemos todos que sea una realidad". Ojalá.
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